C.S. Adsuar: Puerto Rico no tiene un problema de agua. Tiene un problema de incentivos.

Puerto Rico no tiene un problema de agua.

Tiene un problema de incentivos.

Llevamos cincuenta años poniendo parchos. El problema no es la infraestructura, sino los incentivos para mantenerla.

Puerto Rico está, una vez más, sin agua.

La explicación inmediata es la sequía. Y la sequía es real. Pero la sequía no explica por qué una isla tropical, completamente rodeada de agua, tiene un sistema tan frágil que unas semanas de escasa lluvia derivan en una emergencia doméstica. Tampoco explica por qué algunos sectores de San Juan ya habían sufrido hasta 118 días de servicio de agua deficiente este año, antes de que comenzara el racionamiento actual.

Hay otro número del que debemos hablar.

Según el plan fiscal de 2025 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AAA produce aproximadamente 513 millones de galones de agua diarios y pierde unos 267 millones, principalmente por salideros. Es decir, más de la mitad. El presidente actual de la AAA ha cuestionado ese 52% y estima que las pérdidas físicas rondan el 40%.

Francamente, ambos números son escandalosos.

Y esto no comenzó ayer. La American Society of Civil Engineers había estimado anteriormente que el 59% del agua tratada en Puerto Rico era no facturada, una categoría más amplia que incluye salideros, errores de medición y consumo no autorizado. Cinco años antes había sido 62%.

La infraestructura de la AAA comprende más de 20,000 millas de tuberías de agua y alcantarillado, además de plantas de filtración, plantas sanitarias, estaciones de bombeo, tanques, pozos y represas.

Esto no es simplemente una agencia que abre una pluma y hace que salga agua. Es una gigantesca empresa física cuyo funcionamiento depende del mantenimiento continuo, de la inversión de capital y de la planificación a muy largo plazo.

Pero quizás entonces ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente por qué se rompió el tubo.

Deberíamos preguntarnos por qué seguimos utilizando un sistema que incentiva a sus administradores a esperar a que un tubo importante se rompa y deje de funcionar.

Un gobierno de cuatro años administrando una tubería de cincuenta

Un sistema de agua requiere precisamente el tipo de inversión que menos recompensa política produce.

Hay que reemplazar tuberías antes de que revienten y no después. Hay que mantener las bombas para que siempre funcionen. Hay que inspeccionar estructuras que aparentemente están en buen estado y gastar grandes cantidades de dinero creando redundancias que, si funcionan como deben, nadie jamás notará.

Eso es una buena administración de la infraestructura.

Y también es una pésima política electoral.

Un gobernador tiene cuatro años.

Y una tubería puede tener una vida útil de cincuenta años.

El político que hoy decide gastar cientos de millones de dólares en reemplazar infraestructura vieja paga hoy mismo el precio político: construcción, tapones, aumentos de tarifas, financiamiento, molestias y ciudadanos furiosos.

¿Y cuándo llega el beneficio?

Quizás dentro de veinte años.

¿Y en qué consiste ese beneficio?

En que no pasa nada.

El tubo no revienta.

No hay emergencia.

Nadie se entera.

Ningún gobernador podrá pararse frente a un podio en el año 2046 para inaugurar solemnemente la catástrofe que no ocurrió.

En cambio, parchar el tubo cuesta menos hoy. Resuelve la crisis visible. Restablece el servicio. Permite anunciar que el problema fue atendido.

Y quizás aguante hasta la próxima administración.

Ahí está el problema.

No hace falta suponer que todos los funcionarios públicos sean vagos, corruptos o incompetentes.

Se pueden colocar personas perfectamente capaces dentro de un sistema con incentivos perversos y obtener resultados igualmente perversos.

Para uno es un gasto. Para el otro, un activo.

Aquí existe una diferencia fundamental entre el gobierno y la empresa privada.

Para el gobierno:

Tubería nueva → gasto.

Para el dueño de infraestructura productiva:

Red → activo → clientes → ingresos.

Ese cambio de perspectiva lo transforma todo.

El empresario no mantiene su infraestructura porque sea moralmente superior al funcionario público.

La mantiene porque su vida económica depende de ella.

Si su red se deteriora, su servicio también lo hace. Si el servicio empeora y el cliente tiene alternativas, se va. Caen los ingresos, la empresa pierde valor y los inversionistas pierden dinero.

Si esto ocurre suficientes veces, la empresa desaparece.

En cambio, la AAA no desaparece si pierde una cantidad extraordinaria del agua que produce. Tampoco nosotros podemos levantarnos mañana, hartos de la AAA, y contratar otra compañía de agua. Por lo tanto, quien sufre las consecuencias inmediatas del fracaso no es el dueño de la empresa. Es el ciudadano parado frente a una pluma seca. Y después será ese mismo ciudadano quien tendrá que financiar la reparación.

Ya hicimos este experimento con los teléfonos

Los puertorriqueños de cierta edad recordamos cuando la compañía telefónica era estatal. La privatización de la Puerto Rico Telephone Company comenzó en la década de 1990 y culminó en 1999. Puerto Rico recibió aproximadamente $2,000 millones por la transacción. Hubo protestas enormes. Y prácticamente se paralizó el país.

Ahora hagámonos una pregunta muy sencilla:

¿Alguien quiere que vuelva la PRTC, la Telefónica del gobierno?

¿Propondríamos seriamente que Puerto Rico compre las redes de telecomunicaciones, elimine la competencia, vuelva a nombrar políticamente a sus administradores, financie las inversiones mediante deuda pública y nos asigne prácticamente a todos un solo proveedor?

¿Esperaríamos mejor servicio?

¿Más innovación?

¿Mayor velocidad en la adopción de nuevas tecnologías?

¿Mejor servicio al cliente?

Por supuesto que no.

Y lo que ocurrió después de la privatización de la PRTC resulta particularmente importante para la discusión que hoy tenemos sobre agua y electricidad.

Las compañías privadas de telefonía que llegaron construyeron infraestructura nueva porque la necesitaban para vender su producto. Tiraron fibra óptica. Construyeron redes. Las ampliaron. Las repararon. Las modernizaron y las compartieron. Y no tuvieron que endeudar al gobierno de Puerto Rico ni a sus ciudadanos para hacerlo. Buscaron capital privado porque esa infraestructura generaría ingresos futuros.

Construyeron sus propios “tubos” como si la vida les dependiera de ello, porque así mismito lo fue.

Con todo y eso, ni siquiera fue necesario que cada competidor de telefonía e internet abriera una zanja distinta en cada carretera. Parte de esa infraestructura se copartió y arrendó entre un operador y otro. Un operador puede construir capacidad que otros proveedores compren o alquilen, como ocurrió con la fibra óptica.

La existencia de una infraestructura física común no exige que el gobierno sea dueño de la empresa ni la controle. Y, en ese ejemplo, vimos que apareció algo que el monopolio gubernamental nunca tuvo: competencia.

El mal servicio de una compañía se convirtió en la oportunidad de venta de otra.

Eso es disciplina.

Que el gobierno no tenga que pedir prestado importa. Muchísimo.

Y este punto casi nunca recibe la atención que merece.

El capital privado no es simplemente otra fuente de dinero. El capital privado cambia al sujeto que pierde cuando una decisión resulta equivocada.

Si el gobierno toma prestados $1,000 millones para construir infraestructura que termina mal diseñada, mal construida o mal mantenida, los puertorriqueños seguimos debiendo esos $1,000 millones.

Si unos inversionistas arriesgan $1,000 millones de su propio capital para construir un negocio que los consumidores rechazan, pierden ese dinero.

Esa posibilidad disciplina las decisiones antes de gastar el primer dólar.

En vez de preguntarnos de dónde sacará el gobierno otros $1,000 millones para construir un activo productivo, aparecen inversionistas dispuestos a financiarlo porque esperan que ese activo genere ingresos.

Puerto Rico no tiene que endeudarse cada vez que alguien quiere tirar otra milla de fibra óptica.

¿Por qué no buscar la mayor cantidad posible de esa misma disciplina para nuestras demás utilidades? ¿Por qué?

“Pero privatizamos la electricidad y mira cómo estamos”

No. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Puerto Rico no vendió su sistema eléctrico a LUMA ni abrió un mercado eléctrico competitivo. El sistema de transmisión y distribución continuó siendo propiedad pública. LUMA lo opera mediante contrato y sin competencia. Nuestra electricidad sigue siendo un monopolio.

Lo mismo hicimos con el aeropuerto: propiedad pública, operador privado, contrato gubernamental y ausencia de competencia. La misma fórmula.

Lo que tenemos es una empresa privada contratada para operar dentro de una estructura, unas reglas y unos paradigmas que conservan muchas de las características del monopolio gubernamental, mientras el gobierno retiene suficiente control como para limitar decisiones esenciales de una verdadera empresa privada. Responden al mismo modelo: concesión/operación privada de un activo público, que es distinto de la privatización competitiva que defiendo.

Y entonces surge la pregunta inevitable:

Si contratas a alguien para administrar un negocio, pero no le permites administrar el negocio, ¿qué exactamente privatizaste?

Una verdadera transferencia tiene que transferir algo más que la culpa.

Debe transferir el activo, el riesgo económico y la autoridad gerencial necesaria para administrarlo. Y, donde sea técnicamente posible, debe abrirse el mercado a competidores. Todo esto sin amarres políticos diseñados para preservar las mismas estructuras que hicieron fracasar el sistema anterior.

De lo contrario, terminamos privatizando la responsabilidad mientras socializamos buena parte del control.

Y, peor aún, sustituimos un monopolio público por un monopolio privado, creado y protegido por el gobierno. Y ninguno le entrega al consumidor el arma disciplinaria más poderosa que existe:

“Tu servicio es pésimo. Me voy.”

La experiencia de Ondeo administrando la AAA merece analizarse bajo la misma distinción. Contratar a una compañía privada para operar temporalmente un monopolio gubernamental no equivale a crear un mercado ni una administración libre.

Cambiar el nombre en la camisa del administrador no crea competencia.

La historia de nuestra electricidad debería preocuparnos

La crisis del agua no puede separarse de la crisis eléctrica.

Una evaluación independiente encargada por la Junta de Supervisión Fiscal concluyó que el sistema eléctrico de Puerto Rico se deterioró durante décadas porque la AEE no hizo las inversiones necesarias para mantener y modernizar sus plantas y su red. La propia Junta ha señalado que la AEE pasó más de 30 años sin evaluar adecuadamente las necesidades del sistema a largo plazo, y que sufrió décadas de mantenimiento diferido, falta de modernización y planificación deficiente.

¡Treinta años!

No nos faltaba la tecnología para producir electricidad.

No nos faltaba el capital para mantener la red.

Pero dejamos que se deterioraran los activos productivos que ya teníamos comoquiera.

Recuerdo perfectamente la diferencia con la República Dominicana en los años setenta.

Nuestra electricidad distaba de ser perfecta, pero la situación dominicana era mucho peor. Aquí nos sorprendíamos cuando se iba la luz. Allá, era al revés: se sorprendían cuando regresaba.

Y miremos dónde estamos medio siglo después.

Hoy existe un proyecto para tender un cable eléctrico submarino de alta tensión a través del Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico. El llamado Project Hostos contempla una capacidad de aproximadamente 500 megavatios y unas 91 millas de cable submarino.

Hay algo casi poético en la inversión de papeles.

Cincuenta años después de que nuestro vecino más pobre mirara con envidia nuestra electricidad, estamos contemplando cruzar el Caribe con un cable para que su sistema eléctrico pueda ayudar a sostener el nuestro.

Eso no es progreso.

Una isla rodeada de agua, pero sin agua

Y aquí es donde chocan nuestras dos crisis. Cada vez que Puerto Rico entra en sequía alguien pregunta, con toda lógica:

Somos una isla. ¿Por qué no desalinizamos el agua de mar?

Podemos hacerlo.

Y la humanidad resolvió ese problema de ingeniería hace décadas.

Israel es un ejemplo extraordinario. Un país enfrentado a una verdadera escasez de agua, situado en una región desértica donde la lluvia es escasa, desarrolló desalinizadoras y sistemas de reciclaje, distribución y almacenamiento a gran escala. No solamente logró suplir gran parte de sus propias necesidades, sino que también le vende agua a países vecinos.

No es un chiste. El desierto puede suplirse y vender agua.

Pensemos en la ironía.

Hay países en medio del desierto que miraron al mar y descubrieron cómo producir suficiente agua para ellos y hasta venderla a sus vecinos.

Puerto Rico tiene lluvia tropical, ríos, embalses, acuíferos y un océano a su alrededor.

Y perdemos una cantidad extraordinaria del agua que ya tratamos y pagamos por tratar.

Y antes de gastar fortunas convirtiendo agua salada en agua potable, quizás debamos comenzar por no perder cientos de millones de galones del agua que ya producimos todos los días.

Pero la desalinización plantea otro problema: requiere muchísima electricidad, y no cualquier electricidad.

Electricidad confiable y barata.

Y, por las mismas razones que hemos expuesto aquí, Puerto Rico ha logrado que la electricidad sea precisamente lo que una desalinizadora no necesita: cara e inestable.

Y volvemos al mismo problema de incentivos. El deterioro de un monopolio gubernamental termina por limitar nuestra capacidad para buscar alternativas frente al deterioro del otro.

Precisamente lo que nuestro sistema eléctrico tampoco ha logrado garantizar.

Eso no es geografía.

No es mala suerte.

Es un problema institucional… de incentivos.

“Pero Suiza puede hacerlo”

Seguro.

Holanda también puede administrar sistemas públicos de agua.

Qué bueno por ellos.

No obstante, la pregunta no es si existe algún país en el planeta capaz de administrar eficientemente un monopolio gubernamental.

La pregunta es:

¿Ha demostrado Puerto Rico que podemos hacerlo?

No.

Y mire que llevamos más que suficiente tiempo realizando el experimento.

Hemos visto cambiar administraciones. Hemos visto mantenimiento diferido. Hemos visto acumularse deuda. Hemos visto deteriorar equipo. Hemos visto parchos, hemos vivido las emergencias, una tras otra.

Buscamos dinero federal, tomamos prestado, anunciamos reconstrucciones, parchamos lo roto y comenzamos otra vez.

Gobernar responsablemente es diseñar para que los incentivos se orienten a servir al pueblo y no a lo contrario. La responsabilidad gubernamental requiere adherirse a instituciones y empresas, encomendándose a sus incentivos de producción que funcionen para el país y para la cultura política que uno realmente tiene, y no para la que desearíamos tener.

Si Suiza posee la disciplina institucional necesaria para administrar eficientemente monopolios gubernamentales durante generaciones, magnífico.

Sin embargo, nosotros necesitamos un sistema que funcione aquí.

La historia de Puerto Rico muestra que hay que trasladar nuestros activos productivos a la disciplina de la propiedad privada, del capital privado, de la libertad gerencial y de la competencia y no monopolios gubernamentales con una compañía privada pegada encima ni a monopolios privados protegidos políticamente.

Nada de contratos de “privatización” en los que se entrega la responsabilidad, pero se sigue administrando la empresa desde Fortaleza o desde el Capitolio.

Y ciertamente tampoco privatizaciones donde, cuando todo sale mal, el que termina pagando sigue siendo el pueblo de Puerto Rico.

¿Y quién pierde cuando fracasa?

Esta es la prueba más sencilla que podemos aplicar a cualquier utilidad pública:

👉 ¿Quién es dueño del activo?

👉 ¿Quién decide cómo se administra?

👉 ¿Quién pone el capital?

👉 ¿Quién pierde dinero cuando la gerencia toma una mala decisión?

👉 ¿Puede el cliente irse?

Esas preguntas nos dicen todo sobre los incentivos de una empresa, y no el logo de la camisa del administrador.

Si el tubo pierde agua y paga el consumidor; si la planta eléctrica se deteriora y se endeuda el contribuyente; si la gerencia fracasa y la empresa continúa existiendo indefinidamente de todos modos, hemos separado el fracaso de sus consecuencias.

El mercado vuelve a unirlos

Una empresa protege su infraestructura porque sus ingresos dependen de ella.

Las compañías de telecomunicaciones construyeron sus propias redes y las mantienen por lo mismo.

Por eso los inversionistas arriesgan capital.

Por eso importa la competencia.

Y por eso el problema de Puerto Rico no se resolverá encontrando otro presidente para la AAA, otro director para la AEE, otro consultor, otra asignación de emergencia u otro gobernador que prometa que esta vez sí lo va a arreglar.

Esas personas eventualmente se irán.

Los incentivos perversos se quedan.

Puerto Rico no carece de agua.

No carece de ingenieros.

No carece de tecnología.

No carece de miles de millones de dólares en fondos públicos y federales. Cada vez resulta más difícil sostener que nuestro problema fundamental sea la falta de dinero.

Lo que nos falta es una estructura en la que mantener un activo productivo resulte más conveniente que dejarlo deteriorarse.

Hasta que cambiemos esa estructura de incentivos y adoptemos una privatización real, con todo lo que ello requiere, seguiremos repitiendo el mismo libreto ante cada emergencia: maldeciremos el tubo roto, maldeciremos el apagón, culparemos a quien ocupe la silla cuando finalmente colapse el sistema, pondremos otro parcho y esperaremos la próxima rotura.

La sequía eventualmente terminará.

El problema de incentivos no.

Escrito por C.S. Adsuar