La inercia en la UPR: entre la incompetencia, el acomodo y la nostalgia

Por Juan M. Frontera Suau

El rector interino del Recinto de Mayagüez fue al tribunal armado con sus argumentos, pidió una orden judicial para abrir el campus cerrado por la huelga estudiantil, el juez examinó la evidencia y le concedió el remedio. Hasta ahí, el sistema funcionó como se supone que funcione: una institución pública acude a los tribunales del Estado, el Estado interviene con el peso de su autoridad judicial, se produce el remedio solicitado. Entonces, en medio de una entrevista en televisión prime time el periodista Lenín López le pregunta al rector qué iba a hacer con la orden, y este, con una tranquilidad pasmosa le contesta “No, no, no vamos a proceder con eso”. Como si fuera poco, la presidenta de la universidad, Zayira Jordán Conde, lejos de corregir el error monumental, ratificó las acciones del rector y ha seguido hablando de «negociaciones» a portón cerrado. Ahí queda retratada la situación de la Universidad de Puerto Rico.  Estancada en la primera ley de Newton.  Inercia no provocada exclusivamente por la huelga, las destituciones o el déficit. Provocada por la incompetencia, el acomodo y la nostalgia.

La Incompetencia.

El cha cha cha institucional va más allá del error de un rector. Este es el último eslabón en un patrón de incompetencia administrativa institucionalizada. Revela una fibra incrustada en los más profundo del andamiaje universitario público. Se usan los tribunales solo pa’ meter miedo. Se comunica a los huelguistas la flojera institucional afirmando sin palabras que pueden ignorar la orden judicial con tranquilidad porque la universidad es capaz de ignorarse a sí misma. Hace al tribunal cómplice de la flojera institucional desvistiéndolo de autoridad, esa misma autoridad a la que pronto tendrán que volver a acudir y que no estoy tan seguro de que serán tan bien recibidos. Ignorando que la autoridad judicial no se recarga con cada nueva petición; se desgasta cuando se le usa como amenaza decorativa. Hay quienes dirán que ejecutar un interdicto contra estudiantes en un campus universitario tiene costos políticos que ninguna administración quiere pagar. Es verdad. Pero si usted no está dispuesto a ejecutar el remedio, y cargar con el costo político, no vaya a pedirlo, y mucho menos se siente a negociar bajo ese teatro. Así no se reforma nada. El refajo se lo ven hasta los estudiantes. Y la pregunta que corresponde hacerse no es quién tiene razón en la pelea de los portones. Es cómo se llegó a este nivel de incompetencia.

La incompetencia ha salido a la luz. Y aunque Jordán pueda tener razón en su diagnóstico sobre la necesidad de reformar la universidad drásticamente, ha demostrado que está totalmente incapacitada para ejecutarla. En este punto vuelve a repetirse la historia. No hace falta que a la administración de turno la venza la izquierda que anquilosa, ella misma se derrota.  La izquierda no necesitó ganar, le basta con que la presidencia se ponga el pie ella misma. En la UPR la izquierda vive de la inercia. Así, la incompetencia no solo daña instituciones. A veces las blinda, porque les regala a sus “defensores” el argumento perfecto: miren quién quiere reformarla. Pero esa incompetencia es síntoma, no causa. La causa es más vieja y profunda.

El acomodo.

La narrativa más desarrollada sobre esa causa la formuló Lalo en Palabra Libre: el gobierno PNP envenena a la UPR como un negociante envenena el árbol centenario que estorba a su restaurante de comida rápida. La UPR muere por asfixia deliberada externa, dicen las lenguas que corean el estribillo junto a Lalo. Es una imagen poderosa. También es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Los datos lo revelan: la Junta de Supervisión Fiscal redujo la aportación gubernamental de $587 millones en el 2019 a menos de $390 millones proyectados. Eso es real, documentado, y su impacto sobre la matrícula y los programas es innegable. La administración bipartidista ha llenado la Junta de Gobierno con nombramientos cuya competencia académica es, siendo generosos, debatible. Hasta ahí, Lalo tiene razón. Reconocer eso no es concederle el argumento; es ser honesto con los datos. Además, la UPR no fue politizada solamente por el bipartidismo desde arriba. Hay que decirlo también completo: el binomio PNP/PPD no solo capturó la Junta de Gobierno. También negoció durante décadas con los sindicatos universitarios cada vez que necesitaba paz social antes de una elección. El acuerdo tácito era sencillo: ustedes no cierran los portones en año electoral, nosotros no tocamos la estructura. Jordán creyó que era capaz de ejecutar un red wedding con los rectores, no tenía el poder, ni la capacidad real para llevarla hasta el final. Por eso su futuro escrito en la pared.

Pero Lalo no debe llamarse a engaño. Su narrativa omite la otra mitad de la realidad innegable, la mitad incómoda para quien la cuenta.  La inercia y la incompetencia implementada desde arriba por el PNP/PPD produjo un segundo carril igual de viejo e igual de eficaz: el de una izquierda académica que convirtió a la institución en su feudo intelectual desde las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, desde las asambleas, desde las contrataciones por afinidad ideológica y las permanencias por padrinazgo gremial, como si la cátedra le hubiera sido entregada por mandato divino. La primera captura se hace con nombramientos. La segunda no necesita nombramientos porque se reproduce sola. Cuando Lalo describe el árbol envenenado, describe a la UPR administrativa, no a la UPR académica, que es la que él habitó por treinta y seis años. Esa UPR académica, la de las cátedras, los centros, las revistas, los seminarios, es precisamente la principal beneficiaria del gigantismo universitario que dice combatir. Once recintos significan once aparatos donde sostener ese proyecto, pagados con fondos públicos para reproducir un evangelio que la mayoría del electorado puertorriqueño rechaza ciclo tras ciclo. El árbol no se está secando solamente porque alguien lo envenene desde afuera. También se está pudriendo desde adentro, porque sus raíces hace tiempo dejaron de buscar agua y se acomodaron al subsidio.

Cuatro décadas después, la UPR ya no se organiza para producir conocimiento ni para adelantar el país. Se organiza para administrar su propio conflicto interno. Los números no son un tema distinto. Son la evidencia material de esa parálisis y acomodo. La UPR opera once (11) recintos físicos para una matrícula de 42,940 estudiantes, matrícula que cabría holgadamente en cuatro (4) recintos bien estructurados. El Recinto de Utuado pasó de 1,749 estudiantes en el 2006-2007 a 335 en el 2023-2024, una caída del 81%, y conserva rectoría, decanatos, biblioteca y todo el aparato administrativo de un recinto pleno. El Recinto de Río Piedras opera dieciocho (18) bibliotecas físicas en plena era digital. Cuando la administración diseñó su Plan Estratégico 2024-2029 convocó a 13,856 personas. Respondieron 202 personas, el 1.46%. A eso le llaman, sin pestañear, «consulta a la comunidad universitaria». El 70% del presupuesto se va en nómina, cifra que Jordán justificó comparándola con Hawaii, Alaska y Maine. La comparación es cierta. También es incompleta: ninguno de esos estados sostiene su sistema con once (11) recintos para una matrícula que cabe en cuatro (4), ni opera dieciocho bibliotecas en un solo campus, y todos funcionan en economías con ingresos per cápita que triplican el nuestro. Que el porcentaje de nómina sea similar al de Maine no significa que la UPR esté igual de eficiente. Significa que no hemos hecho el trabajo estructural que sí han hecho otros sistemas comparables. Esta es la anatomía de una institución que perdió la capacidad de reorganizarse frente a la realidad: los once (11) recintos siguen organizados para servir al país que existía en el siglo pasado, no al que se sienta hoy en sus salones. El problema no es solo de presupuesto o de diseño. Es de ambos. Y mientras se discute de quién es la culpa, la estructura permanece intacta.

Esa estructura intacta tiene un mecanismo que la perpetúa. Se le conoce como la regla de la minoría intransigente: una minoría organizada, motivada y dispuesta a imponer costos sociales captura instituciones cuando se enfrenta a una mayoría flexible, dispersa y silenciada por el costo de discrepar. La minoría no necesita ganar votos; le basta con que la mayoría no se atreva a decirle que no. Cada vez que un rector negocia bajo amenaza de cierre, cada vez que un legislador defiere a «la comunidad universitaria» como si fuera monolítica, cada vez que la prensa asume que los huelguistas son la voz del estudiantado, la minoría aprende que la táctica funciona. Y la repite. Cinco (5) huelgas mayores desde 1981 no son patrón aleatorio. Son evidencia acumulada de que el sistema está calibrado para premiar el cierre, la inercia y el acomodo. La huelga, en la UPR, se ha convertido en rutina institucional que se reproduce con la previsibilidad de una temporada de béisbol. Algunos de los mismos rostros llevan en los portones desde 2010, reciclándose como tutores de cómo paralizar recintos. Lo verdaderamente excepcional en este país sería un semestre completo en la UPR sin paro, sin asamblea que decretara el inminente fin del mundo si no se atienden de inmediato una larga lista de reclamos no negociables.

La mayoría flexible (los estudiantes que solo quieren graduarse mientras mantienen un trabajo en el mundo real, los profesores que prefieren dar sus clases, los padres que pagan o gestionan becas, el país que financia el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto con sus contribuciones) no aparece en los portones a entrar a tomar clases porque la minoría le ha hecho saber, con eficiencia probada, que aparecer tiene costos. Costos sociales: ser tildado de vendepatria, neoliberal, agente del imperio. Costos académicos: la nota que se atrasa, el curso que se pierde. Costos físicos, documentados en video: el dirigente sindical Ricardo Santos, que construyó su carrera política en la AEE y llegó a los portones de Río Piedras a buscar un nuevo ejército, intimidando físicamente a Jacob Rivera que fue al lugar a documentar y a hacer preguntas. Eso no es protesta estudiantil. Es una operación política usando estudiantes como escudo. La mayoría flexible se queda callada. La minoría intransigente captura. Y la administración, en lugar de ejercer la autoridad legal que ya tiene, va al tribunal a buscar órdenes que no piensa ejecutar. El círculo del acomodo se cierra solo, y la institución pierde un poco más de su capacidad de gobernarse cada vez que el ciclo se repite.

La inercia.

Detrás de todo esto hay una conversación que en Puerto Rico nadie quiere tener, y mientras no se tenga, ningún plan de reforma universitaria es serio. Preferimos hablar de la UPR desde la emoción personal y la nostalgia. La pregunta es elemental: ¿quién debe pagar la educación universitaria pública en Puerto Rico, en qué proporción, y en qué condiciones? La respuesta vigente (porque hay una respuesta vigente, aunque nadie la haya votado conscientemente) es que el contribuyente puertorriqueño financie aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto operacional con sus aportaciones al Fondo General. Hay sistemas universitarios estadounidenses funcionales (Vermont, New Hampshire, Michigan, Delaware) donde la aportación estatal está por debajo del veinte por ciento (20%) y la institución se sostiene con matrícula, fondos federales competitivos por investigación, donaciones y patentes. Pero antes de copiar ese modelo hay que hacerse una pregunta más incómoda: ¿esto calza con nuestra realidad económica, demográfica y cultural? Muchos de esos sistemas logran menor dependencia del subsidio a costa de matrículas que pondrían a la mayoría del estudiantado puertorriqueño fuera del aula. Copiar por copiar es provincial. La respuesta no está en mimetizar a Vermont. Está en preguntarnos qué tipo de universidad queremos, qué puede pagar este país, y qué resultados estamos dispuestos a exigirle a la institución que financiamos.

El criterio conservador, el que no es de partido sino de principio, es sencillo: si como sociedad decidimos que la universidad del Estado es una inversión en la que queremos destinar una cantidad generosa de dinero público, ese dinero tiene que estar atado a producción real. Investigación que rinda frutos verificables, formación profesional pertinente al país que tenemos y al que viene, contribución concreta al desarrollo económico. El país tiene derecho a medir el retorno de su inversión. Y ese retorno no puede ser ideológico, para que una facción del profesorado predique su evangelio desde la cátedra subsidiada. Ni puede ser partidista, para sentar en la presidencia y los rectorados a administradores cuya única calificación y función requerida es la lealtad absoluta al gobernante de turno. La izquierda tiene derecho a proclamar su visión de mundo e ideología, y los partidos que ganan elecciones a nombrar a la gente a fin con su política pública en puestos de dirección. Lo que ninguna de las dos tiene, ni la izquierda académica ni la facción política, es el derecho a usar el dinero del contribuyente para financiar su comodidad a la sombra de su nostalgia.

Pero aquí está la pregunta: ¿quién mide ese retorno? No la Junta de Control Fiscal, cuyo criterio ha sido exclusivamente fiscal, no académico. No la Junta de Gobierno, capturada por nombramientos de turno. No la Asamblea Legislativa, que es parte del mismo sistema que produjo este desastre. Puerto Rico no tiene hoy el mecanismo institucional para hacerlo. Un primer paso existe: que la Asamblea Legislativa ate la asignación presupuestaria anual a métricas públicas y verificables: tasas de graduación por recinto, empleabilidad de egresados a dos años, producción de investigación con fondos externos, matrícula sostenida. No como amenaza, sino como contrato. El pueblo financia; la universidad rinde cuentas. Eso va a forzar enfrentar el problema de la inercia nostálgica de los once (11) recintos y el acomodo todos los sectores.

Además, esto no es experimento. Aproximadamente treinta (30) estados tienen alguna forma de financiamiento atado a resultados estudiantiles. Tennessee lleva implementando ese modelo desde 1979 y hoy asigna más del ochenta por ciento (80%) de sus fondos universitarios públicos fundamentado en métricas de desempeño. El Texas State Technical College, una institución pública cuyo presupuesto estatal depende al cien por ciento de los salarios reales de sus egresados, vio en ocho (8) años un aumento del 45% en los salarios de sus graduados y de 63% en su asignación estatal. Mientras tanto, Puerto Rico sigue financiando una universidad pública por inercia no por resultados. La UPR es de los pocos sistemas en la jurisdicción americana que aún lo hace. Es tiempo de comenzar a poner sobre la mesa un criterio que hoy no existe. Y sin criterio medible no hay reforma posible, solo cambio de administración.

La nostalgia.

La urgencia, además, ya no admite postergación. Mientras discutimos quién destituyó a quién y cuántos rectores quedan en pie, el mundo profesional para el que la UPR forma egresados se está rediseñando a pasos acelerados. La inteligencia artificial no está afectando solamente los trabajos rutinarios; está rediseñando precisamente las profesiones que se les han vendido a los padres puertorriqueños como las profesiones seguras del futuro. Un estudio publicado en agosto de 2025 por el Stanford Digital Economy Lab, dirigido por el economista Erik Brynjolfsson, documentó que el empleo de trabajadores entre veintidós (22) y veinticinco (25) años en las ocupaciones más expuestas a IA, particularmente desarrollo de software y servicio al cliente, ha caído trece por ciento (13%) en términos relativos desde finales de 2022. Mientras tanto, los trabajadores mayores de 30 años en esas mismas ocupaciones registraron crecimiento de empleo entre seis (6%) y trece por ciento (13%). El estudio se titula, literalmente, «Canaries in the Coal Mine», los canarios en la mina de carbón, las primeras señales de algo más grave que viene en camino. La promesa que generaciones de padres puertorriqueños han repetido a sus hijos, estudia algo seguro, estudia ingeniería o programación, se está desfondando antes de que muchos puedan aprovecharla. Y mientras tanto, la UPR debate si abre o no abre los portones de Río Piedras o Mayagüez. Es la nostalgia disfrazada de defensa institucional, llevada al absurdo. La paradoja de querer detener un huracán discutiendo el color de las tormenteras.

Lo que nos devuelve al rector frente al juez, a la orden judicial que nadie ejecutó. Esa escena, pequeña y casi de farsa, retrata a la UPR de hoy, una universidad que conserva autoridad formal pero perdió la disposición de ejercerla. Mientras siga negociando con quienes están dispuestos a paralizarla, no recuperará dirección, ni misión, ni la confianza del país que la financia. Lo que niega una realidad apabullante que nadie ve venir. La UPR se va a transformar. Esa decisión ya no está en manos de la presidencia, ni de la Junta de Gobierno, ni de la Junta Universitaria, ni de las asambleas estudiantiles. Está en manos del país que la financia, de la Junta de Control Fiscal que firma el cheque, de la realidad demográfica que la vacía, de la tecnología que está rediseñando las profesiones que en ella se forman. La pregunta no es si va a cambiar. Es si vamos a tener el coraje de dirigir ese cambio, o si lo vamos a dejar llegar por accidente.

Hay quienes prefieren defender la universidad pública como vaca sagrada. Pero las vacas sagradas se conservan intocables. Las instituciones se reforman. Defender la UPR no es defender la forma específica en que existe hoy o existió ayer. Es exigir que produzca lo que solo ella puede producir: investigación seria, formación rigurosa, profesionales capaces de mover este país hacia adelante. Lo demás (los once (11) recintos por inercia, las dieciocho (18) bibliotecas por costumbre, las huelgas por reflejo, las destituciones por impulso, el evangelio ideológico por subsidio) es nostalgia institucional pagada con dinero del contribuyente. Y la nostalgia, por más prestigio que evoque, no construye futuro.

El autor es abogado litigante en Puerto Rico por más de 29 años y asesor legal/legislativo de la senadora Rodríguez Veve por los últimos 6 años.